El 7 de febrero de 1993 terminó la llamada “Hora Gaviria” por medio de la cual los hogares colombianos no tenían acceso a electricidad durante 60 minutos.
La medida fue implementada por el Gobierno del entonces presidente, César Gaviria, con el fin de racionar el suministro de energía, mientras el país se enfrentaba a un intenso fenómeno de El Niño que tenía en niveles bajos a los embalses de agua (principal fuente de generación de energía de Colombia).
La falta de inversión en el sector, entonces controlado en gran parte por el Estado, hizo que el país no tuviera los proyectos, ni mecanismos necesarios para garantizar la oferta de energía nacional en situaciones extremas.
Para no repetir esa situación, en 1994 el Congreso les dio vida a distintas entidades como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios (Superservicios), a las cuales se les delegaron funciones presidenciales para establecer las normas y ejercer el control de un sector energético que iba a facilitar la entrada de compañías privadas.
Desde entonces, los apagones en Colombia son solo un recuerdo de las generaciones más longevas. Sin embargo, hay incertidumbre hoy en día en el sector energético, luego de la emisión del decreto que le regresa las funciones de la CREG y al presidente de la República por un periodo de tres meses.
De acuerdo con el presidente Gustavo Petro, la toma de las funciones de la CREG se lleva a cabo con el fin de “estabilizar” las tarifas de energía que, según el Gobierno, están más altas de lo normal.
“No se puede explicar cómo con los embalses (de agua) llenos, las tarifas de energía siguen subiendo”, ha dicho el superintendente de servicio públicos, Dagoberto Quiroga, en repetidas ocasiones, refiriéndose estrictamente a la generación de energía, pero este es solo uno de los componentes que influyen en la tarifa final que le llega al usuario.
La fórmula definida por la CREG para calcular el 100 % de las tarifas de energía está integrada por la generación (35 %), transmisión (5 %), distribución (38 %), comercialización (13 %), pérdidas (7 %) y restricciones (2 %). El argumento del Gobierno para tomar las funciones de la CREG ha estado siempre relacionado con el componente de generación, pero no ha evaluado la incidencia de los otros factores de la cadena.
La preocupación de distintos gremios del sector como ANDEG, ANDESCO y ACOLGEN es que fijar unas tarifas de energía de forma arbitraria por parte del Gobierno desconoce la fórmula interpuesta por la CREG y no tiene en cuenta los distintos factores y costos que influyen en la determinación de la tarifa final.
“Es muy importante recordar que no se deberían tomar decisiones que puedan poner en riesgo la prestación de los servicios y la sostenibilidad financiera de las empresas, porque en tal caso serían los usuarios los más afectados”, dijo ANDESCO en un comunicado.
